En manos de congresistas anteproyecto para depurar la policía
El documento fue elaborado por una comision integrada por diputados, funcionarios del Ejecutivo y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encabezada por su rectora, Julieta Castellanos, quien acompañó al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, en la ceremonia de entrega.
Juan Orlando Hernández, presidente del Legislativo, dijo que “depuraremos la policía, extraeremos los tumores y los pondremos a la orden de la justicia, pero a los buenos los estimularemos, porque hay que decir que hay muchos que dignifican el uniforme y a eso hay que levantarles la moral”.
La depuración contempla la creación de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública como un órgano temporal, independiente y responsable de investigar en la estructura policial los actos de corrupción, violación de derechos humanos, abusos y estructuras delincuenciales y crimen organizado dentro de la misma.
“La Comisión investigará los bienes adquiridos durante los últimos 10 años del conyugue y de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y no será integrado por policías ni militares durante la vigencia de esta ley”, anunció Bonilla.
Asimismo, la Comisión de Reforma, que tendrá una duracion de tres años, apoyará a la Oficina de Evaluación de la Carrera Policial y ayudará a la profesionalización de oficiales y efectivos de la escala básica sin influencia política.
Las propuestas de la Comisión serán presentadas al Ministerio Público y Poder Judicial con el objetivo de depurar a los operadores de justicia y con el objetivo de vigilar que las personas gocen del ejercicio de sus derechos constitucionales.
“Esto nace de innumerables horas de trabajo de hondureños y de países amigos. Quiero reconocer la ayuda de Colombia, España y Estados Unidos, quienes nos han apoyado y nos han prometido seguirlo haciendo”, dijo Hernandez. “Este paso es fundamental revertir esta ola de criminalidad”.
Por su parte, Julieta Castellanos, rectora de la UNAH, dijo que “hemos presentado una reforma a la política de seguridad pública que no es una interferencia a los mandatos de otras instituciones, pero si queremos que los operadores del sistema de justicia den cuentas de los que se está haciendo porque nadie está por encima de la ley”.
